Senado chileno aprueba indultos a unos 6.000 presos

SANTIAGO.- El Senado aprobó el miércoles un proyecto sobre indulto general que favorecerá a unos 6.000 reos de baja peligrosidad, del que están excluidos los violadores a los derechos humanos durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

Antes de entrar en vigencia el proyecto debe ser aprobado por la Cámara de Diputados. El Senado emitió 22 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.

La finalidad del indulto es disminuir el alto grado de hacinamiento que hay en las cárceles chilenas, que bordea el 60%, según cifras entregadas por el ex ministro de Justicia, Felipe Bulnes. La población penal chilena bordea las 54.000 personas.

“La iniciativa, beneficiará a cerca de seis mil personas que están cumpliendo condenas con permiso de salida controlada en medio libre, reclusión nocturna y mujeres que han alcanzado los 2/3 de su pena, siempre y cuando no se trate de delitos graves”, explicó una nota del Senado.

Entre los delitos excluidos del indulto están la sustracción de menores, violación, tráfico de drogas, conductas terroristas y el lavado de dinero.

De ser aprobado en la Cámara Baja, podrán optar al indulto conmutativo las mujeres que hayan cumplido 2/3 de su condena, que sean madres de hijos menores de dos años, y que hayan demostrado una conducta sobresaliente en la cárcel.

También podrían ser liberadas las personas que actualmente cumplen condena, pero tienen el beneficio de salida controlada y quienes sirven su sentencia con reclusión nocturna.

El gobierno del presidente Sebastián Piñera impulsó el proyecto luego del incendio del 8 de diciembre último en una cárcel del sur oriente de la ciudad, en el que fallecieron, mayoritariamente calcinados, 81 reos, que no tuvieron siquiera la posibilidad de salir de sus celdas.

El nuevo ministro de Justicia, Teodoro Ribera dijo que Piñera “se ha comprometido a iniciar, impulsar y profundizar una reforma carcelaria, que tenga por objeto, primero rescatar la dignidad de las personas y segundo buscar la manera que éstas puedan reinsertarse socialmente”.

Cuando se anunció la elaboración de la ley, el entonces ministro de Justicia aseguró que serían excluidos los ancianos con enfermedades terminales, para dejar fuera del beneficio a los violadores a los derechos humanos.

Los responsables de crímenes de lesa humanidad cuentan con dos penales especiales, en los que gozan de dormitorio individual, tienen amplios patios, parrillas para hacer asados, computadores, equipos de música, y facilidades para recibir las visitas familiares.

Los máximos responsables de la policía represiva de Pinochet, como el general Manuel Contreras, y otros tienen incluso una cabaña para su uso exclusivo en el penal Cordillera, ubicado al interior de un regimiento del ejército.

La senadora Soledad Alvear, de la oposición de centroizquierda, votó contra el proyecto porque “es sólo una solución de parche que favorecerá a pocas personas”.

El senador socialista Juan Pablo Letelier también votó en contra porque considera que el indulto es una facultad del Presidente de la República.

“Cuando un gobierno renuncia a una facultad política, que es un indulto, llama la atención. El indulto es una institución republicana y legítima. El actual Presidente de la República ya la podría haber aplicado a 800 presos sin la aprobación de esta ley”, señaló el político opositor.

La legisladora socialista Isabel Allende declaró que no se puede repetir la tragedia de diciembre, pero el proyecto va en contra “de lo que se dijo en la campaña presidencial, en que se terminaría con la puerta giratoria de los delincuentes y que la ciudadanía estaría más segura”.

La aprobación que posibilita que unos 6.000 reos puedan salir libres se produce en momentos en que hay fuertes críticas por el incremento de la delincuencia, especialmente la relacionada con los asaltos y robos a casas particulares. Incluso el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, acudió en la víspera a la Cámara de Diputados para explicar este incremento.

Hinzpeter responsabilizó del alza de los delitos a las masivas manifestaciones estudiantiles que se han traducido en marchas de decenas de miles de personas, que culminan con desórdenes y ataques a la policía de parte de encapuchados, y a los largos minutos que los noticieros de televisión dedican a la llamada “crónica roja”.

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