Más órdenes de prisión y alarma de bomba en Asamblea de Ecuador

QUITO — En la investigación por la insubordinación de policías y militares del jueves 30 de septiembre que ocasionó un intento frustrado de golpe de Estado, la Fiscalía de Quito extendió hoy dos órdenes más de prisión contra civiles, mientras la Asamblea Nacional debió ser desalojada por una falsa alarma de bomba.

Las órdenes de prisión son en contra de la estudiante de Ciencias Política y asambleísta suplente, Alejandra Cevallos, y del abogado Pablo Guerrero por ingresar violentamente en las instalaciones de la Televisión Pública, que transmitió una cadena “indefinida e ininterrumpida” de más de nueve horas, el día de la revuelta.

Asimismo, en el último día de vigencia del estado de excepción dictado por el gobierno, los militares que resguardan desde hace una semana la Asamblea Nacional ante la desmovilización de los policías de la escolta legislativa, desalojaron el edificio tras recibir una alerta de bomba, que finalmente fue falsa.

Por otro lado, el ex presidente de Ecuador Lucio Gutiérrez (2003-2005), acusado por el gobierno de Rafael Correa de ser “el principal responsable político” de la intentona de golpe, criticó a Correa, a su homólogo venezolano Hugo Chávez, y al secretario de la Organizaciónde Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y negó que piense partir al exilio al afirmar, en cambio, que hará frente a la justiciasi se formaliza la acusación en su contra.

La nueva ampliación del estado de excepción, vigente hasta esta medianoche, fue analizada hoy por el presidente y su gabinete que no difundió aun su decisión sobre el tema. El estado de excepción se decretó desde el jueves de la semana pasada, al fracasar la asonada, hasta el martes último y entonces se extendió hasta hoy al evaluar que las condiciones de seguridad aun no permitían levantarlo.

Ecuador vivió el 30 de septiembre una rebelión de la tropa policial y de un sector militar por reivindicaciones salariales que se complicó hasta ser calificada de un intento de golpe de Estado tras la retención de Correa por más de ocho horas en un hospital policial, de donde salió por un violento operativo militar. La acción, que dejó ocho muertos y más de 200 heridos, fue condenada por la comunidad internacional que respaldó el sistema democrático en Ecuador y a su gobierno y rechazó cualquier intento contra el sistema establecido.

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